El Gobierno subsidiará el gas importado para uso domiciliario mientras las industrias del Norte enfrentan una crisis tarifaria inédita

El Gobierno nacional decidió que el Estado cubrirá durante el invierno la diferencia de costo entre el gas natural licuado (GNL) importado y el precio interno de abastecimiento, resguardando a los hogares, hospitales, escuelas y clubes de aumentos tarifarios inmediatos. Situación que se emparenta con la alerta de la Unión Industrial de Tucumán (UIT) en torno a que el precio del gas licuado para uso industrial —superior a los 27 dólares por millón de BTU— resulta inviable para las empresas regionales y amenaza con desarticular la producción del Norte Grande.

La medida fue dispuesta por el ministro de Economía, Luis Caputo, y quedó formalizada en una serie de resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial el 30 de abril, en el marco de las actualizaciones de tarifas correspondientes a ese mes. La brecha entre el valor del GNL importado —estimado en alrededor de 20 dólares por millón de BTU— y el precio promedio interno de 3,79 dólares se diferirá bajo el mecanismo técnico denominado "Diferencias Diarias Acumuladas (DDA)", que permitirá trasladar ese costo a las facturas de los usuarios a partir de noviembre.

Las proyecciones oficiales estiman que las importaciones de GNL para este invierno demandarán entre 23 y 25 buques metaneros, con un valor individual superior a los 40 millones de dólares cada uno, lo que llevaría el desembolso total a aproximadamente 1.000 millones de dólares. La mayor parte de ese volumen estará destinada al sector industrial y a las centrales de generación eléctrica.

Tras descartar la privatización de la gestión de las importaciones —luego de que las empresas Naturgy y Trafigura presentaran propuestas con precios que el Gobierno juzgó excesivos— la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) continuará centralizando la demanda y garantizando el abastecimiento para los usuarios residenciales.

En contraste, los grandes consumidores industriales —entre los que se cuentan Techint, Aluar, Arcor, Acindar, Loma Negra, Profertil y Mega— deberán gestionar de manera autónoma sus propias compras y asumir el costo diferencial del combustible importado. Desde el ámbito oficial se justificó la decisión señalando que, por primera vez en dos décadas, se aplicaría en forma efectiva la normativa vigente en materia energética.

En el pico de la demanda invernal —concentrado entre fines de junio y comienzos de julio—, el consumo de la llamada "demanda prioritaria" (hogares, escuelas, hospitales, clubes y pequeños comercios) alcanzaría unos 95 millones de metros cúbicos diarios. De ese total, solo una fracción menor requeriría gas importado, dado que la mayor parte se cubre con producción local. El costo de subsidiar esa porción oscila entre 150 y 200 millones de dólares, que serán recuperados con posterioridad a través de las facturas. La demanda total del país, que incluye industria, usinas eléctricas y estaciones de GNC, puede superar los 160 millones de metros cúbicos diarios.

Desde la Unión Industrial de Tucumán (UIT), su presidente Jorge Rocchia Ferro había descripto un escenario de extrema vulnerabilidad para el tejido productivo de las provincias del norte. Tras una reunión con representantes de la distribuidora Naturgy NOA, el dirigente señaló que el agotamiento progresivo de la cuenca gasífera del norte y el precio prohibitivo del GNL importado configuran una amenaza directa a la continuidad productiva de la región.

"Hoy el tema central no es el agua, es el gas. El tema del gas es tremendo, o sea, no va a haber gas. Nosotros como Unión Industrial estuvimos ayer en la empresa y nos dijeron que el problema de gas es muy preocupante y angustiante porque la cuenca que vendría del norte no estaría disponible o estaría disponible en volúmenes muy pocos", afirmó Rocchia Ferro.

La preocupación del sector se extiende más allá de la disponibilidad física del recurso: el costo del GNL importado —que la UIT estima en más de 27 dólares por millón de BTU para uso industrial— resulta, según el dirigente, directamente incompatible con la estructura de costos de las empresas tucumanas, salteñas y jujeñas. La situación afectaría a toda la cadena productiva, incluyendo al sector citrícola, con excepción del consumo domiciliario que cuenta con la protección de los subsidios oficiales.

El interior paga más

El sector industrial del norte subraya además la disparidad de costos energéticos con respecto al área metropolitana de Buenos Aires. Rocchia Ferro planteó que esa asimetría coloca a las empresas regionales en una situación de desventaja competitiva estructural, y reclamó una respuesta política articulada entre el gobierno provincial y la administración nacional.

"Necesitamos una ayuda política. Porque no puede ser que los porteños paguen un gas de dos y pico, tres, y nosotros paguemos este gas. Salimos de competencia totalmente", expresó el dirigente.

En el plano presupuestario, el Gobierno nacional viene recurriendo desde hace dos inviernos consecutivos a la postergación de pagos a las productoras de gas como herramienta para sostener el superávit fiscal mensual. Todo indica que la misma estrategia se repetirá en 2026, en un contexto en el que la recaudación tributaria no muestra el dinamismo que el Ministerio de Economía requiere para sus metas. Y pese a que Argentina proyecta exportar gas de manera sostenida a partir de 2028, las importaciones estacionales de invierno seguirán siendo necesarias en los años venideros.